Memoria trucha (23/03/2026)

Cincuenta años, un montón.

Lo mismo, el debate sobre qué pasó en esos años es muy actual, digamos demasiado.  En parte porque el gobierno de Milei repite aquel plan económico de endeudamiento masivo y destrucción del aparato productivo nacional (si te quedan dudas, mirá la propaganda de la silla de 1976) y por otro porque victimarios, victimas y sobrevivientes siguen formando parte del entramado social del país, ellos, o sus hijos, o los hijos de sus hijos.

Pero por sobre todo ese debate sigue siendo actual porque persiste en gran medida el país que parió aquella dictadura, el gatillo fácil, el saqueo de los recursos, el hambre y la miseria, la impunidad de la mayor parte de los responsables de aquella historia.

Así que es de esperar que mañana 24 de marzo veamos otra vez movilizaciones multitudinarias y que escuchemos y leamos a todo el gobierno con sus voceros conocidos – los Milei, las Villarruel, los Laje – y con su tropilla de trolls anónimos, redoblando su “batalla cultural”, esa que pretende construir una nueva historia y, como parte de ella, reconvertir aquel plan sistemático y brutal lleno de campos de concentración, torturas y muerte en una especie de “guerra” en la que, bueno, a algunos se les habría ido un poco la mano.  “Dos demonios”, le decían a eso antes.

Escribamos entonces lo nuestro, para intentar desnudar una vez más a todos estos charlatanes.

¿No fueron tantos?

El primer tema que aparece es el debate sobre el número, un intento berreta de reducir el análisis del plan de exterminio a una discusión contable. 

Me he extendido ya sobre esa cuestión en una nota que publiqué hace exactamente tres años (Mucho más que 30.000 23/03/2023) pero vale sintetizar aquí algunas cuestiones para dejarlas otra vez en negro sobre blanco.

Lo primero es subrayar que estos señores nos muestran el número que logró relevar la Conadep a principios de los 80 – unos 9.000 – sin hacer ninguna evaluación de cuantas personas pasaron realmente por los campos de concentración de la Dictadura.  Fijate que por La Perla en Córdoba pasaron unos 3.000 y por la Jefatura de Policía de Rosario un número similar, por la ESMA arriba de 5.000.  Y esto son sólo tres campos, pero se han identificado oficialmente 814 centros clandestinos de detención y otros muchos lugares de reclusión ilegal.

La segunda cuestión es que estos verdaderos mercachifles de la historia nunca revisaron con un mínimo criterio histórico cuantas desapariciones no se denunciaron nunca, ni escribieron una línea sobre los miles de desaparecidos que después de un par de semanas de torturas sicológicas y de las otras, aparecían desnudos y desorientados en cualquier descampado o eran sencillamente legalizados en una cárcel, ni contaron a tantos que aparecían muertos en enfrentamientos simulados.  Este criterio de no considerar a los desaparecidos que de una u otra forma “reaparecían” es ridículo y minimiza el tamaño y la sistematicidad del aparato de represión, escondiendo el brutal sistema de selección, el hecho terrible de que había unos señores de gorra que miraban la lista y decidían: “a este me lo tiran al río, este va a una fosa común, a esta le roban el bebé, este se puede legalizar, a esta seguila torturando unos días más”. 

El tercer aspecto es que el mecanismo de desaparición funcionó como inmovilizante del conjunto social.  Familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo o de facultad quedaban encerrados en una especie de campo de concentración virtual construido con miedo, con sospechas, con esperanzas.  Es que las desapariciones sucedían, pero al mismo tiempo no sucedían, nada se sabía, “no está ni muerto ni vivo, está desaparecido, frente a eso no podemos hacer nada”, decía Videla, que tenía bien claro qué era lo que estaba haciendo.   

Y lo último respecto al número.  Si tanto les preocupan las precisiones numéricas, deberían tomar en cuenta que tal como cuenta La Nación en una nota publicada hoy, “a medio siglo desde el comienzo de la última dictadura militar, el Estado todavía guarda documentación secreta de aquella época”, lo que muestra por otra parte que ninguno de los gobiernos democráticos capitalistas habidos en estos cuarenta y pico de años, mostró todo lo que el Estado sabe y guarda bajo siete llaves.  Los actuales gobernantes podrían incluso pedirles datos a sus genocidas amigos, a los que visitan en las cárceles o en sus casas, podrían pedirle las listas de cada uno de los campos de concentración y, de paso, decirnos dónde están los centenares de niños apropiados que todavía hoy, no saben quién son.

Golpe o Contragolpe

Este número achicado, se usa para mostrar que hubo algo más parecido a un empate entre los muertos “de un lado y del otro” de esa guerra que ellos imaginan. 

Ceferino Reato, por ejemplo, asegura que “fueron 7300 las víctimas de la última dictadura y 1094 los muertos de los grupos guerrilleros” (no está claro si los muertos de la triple A están incluidos en ese segundo valor).  Esa enumeración presentada así, en forma secuencial, deja en claro que lo que se busca es mostrar datos algo más parejos y dibujar entre ambos valores una sucesión causal entre el accionar guerrillero y la dictadura.

Es eso lo que te venden como “memoria completa”, aunque en realidad se trata de una memoria trucha, porque es totalmente falso que el golpe fue un contragolpe al accionar de la guerrilla.  Primero porque ya el ejército venía centralizando – sin necesidad de golpe alguno – la llamada “lucha contra la subversión” en base a la Directiva 1/75 del Consejo de Defensa del mes de octubre de 1975, durante el gobierno peronista de Isabel y segundo porque desde el punto de vista militar las Fuerzas Armadas Argentinas consideraron que la guerrilla ya había sido “aniquilada” luego del fracasado asalto al Batallón de Arsenales 601 de Monte Chingolo, del 23 de diciembre de 1975.

La idea de que no fue un golpe sino un contragolpe se completa con la equiparación terminológica, eso de decir que el terrorismo estatal fue una respuesta al terrorismo de las organizaciones guerrilleras para tratar de convencerte de que al final eran todos terroristas.

Según la RAE terrorismo es “actos de violencia ejecutados para infundir terror”, o sea para paralizar al enemigo por miedo, es lo contrario de la guerra.  Las organizaciones armadas de aquellos tiempos no hacían eso.  Más allá de sus criticables métodos que las alejaban de las masas a las que pretendían representar, lo que hacían era guerrilla urbana o guerrilla rural, formas de guerra típica usada cuando existe desproporción militar.  Güemes hizo guerrilla en el norte argentino, San Martín utilizó tácticas guerrilleras en Chile antes de cruzar su ejército, los maquis hicieron guerrilla contra los nazis en Francia.  A ninguno de ellos se les puede decir terroristas, si uno pretende tener algún rigor histórico.

A los muchachos de Videla y de Massera sí.  Usaron el método de las desapariciones, los enfrentamientos simulados, la ocupación de las ciudades con tropas con armas largas, nunca hicieron ni un juicio ni fusilaron a nadie públicamente, justamente porque lo que no se sabe si realmente pasa o no pasa, paraliza, da más miedo.

Y ellos sí que hacían, conscientemente, terrorismo contra el conjunto del pueblo. 

Un ejército de ocupación

Este recurso de discutir el número (no fueron tantos!!) y de presentar el golpe como una respuesta (o sea la guerrilla tendría la culpa del golpe!!), sirve para llegar a la conclusión que verdaderamente pretenden: negar que la Dictadura Militar – dirigida por los dictadores civiles de los que Martínez de Hoz era el general de más alto rango – fue parte de un plan para reconvertir al país en una factoría con trabajadores con una argolla en la nariz, trabajadores que no osan discutir ni los ritmos de trabajo, ni la miseria, ni la prepotencia patronal, que se rindan silenciosamente ante el poder de las armas.

Si la Dictadura Militar pretende ser pensada como una respuesta, sería como una respuesta a las luchas obreras y estudiantiles que habían retomado su masividad en los años del Cordobazo, que se habían continuado con el fin de la dictadura previa, la de Onganía, Levingston y Lanusse, que habían pasado por el Villazo, por la aparición de incipientes coordinadoras fabriles, por la respuesta al Rodrigazo.

Fue así que, con las armas en la mano, las patronales argentinas y sus patotas militares se dedicaron a uno de los mayores robos de la historia del país, porque si los políticos democráticos capitalistas son sindicados como corruptos, los dictadores militares capitalistas lo son más. 

Ellos llevaron la deuda externa de 7.000 millones a 45.000 millones, la deuda pública se agigantó, pasando de 320 a 1.500 dólares por cabeza en esos siete años, entre los trabajadores se produjo un fuerte desplazamiento desde el sector industrial hacia el sector de servicios y al cuentapropismo, ambos de menor productividad y con menores ingresos.  Y los salarios terminaron el período un 32.8% por debajo de los niveles de 1974.

Eso es lo que intenta ocultar esta nueva “historia oficial”, quieren que no sepas que en realidad la dictadura fue sencillamente un robo a mano armada, un asalto al pueblo trabajador, fue la instalación de un ejército de ocupación para que el saqueo se llevara adelante sin resistencia.