Diez meses sin clausula gatillo (27/01/21)

Los empleados públicos pagamos más que las grandes fortunas  

El lunes 21 de enero del año 2020, el entonces ministro de Gestión Pública de Santa Fe, Rubén Michlig, declaraba terminada la cláusula gatillo para docentes y para estatales provinciales.  De hecho, le daba una breve sobrevida hasta febrero, al otorgar “a cuenta de la paritaria” un aumento del 4,1%, igual que el que hubiera correspondido con la clausula que se derogaba.

El episodio no era una particularidad santafesina.  El gobierno neo K, que había venido con promesas de “poner dinero en el bolsillo de la gente” desindexaba los salarios, para bajarlos abruptamente en términos reales por cuenta y orden de la inacabable inflación (y vale aclarar aquí – para evitar disputas – que esto sucedía antes de la pandemia)

Los más importantes dirigentes sindicales santafesinos dejaron correr sin chistar.  Sonia Alesso de Docentes le bajó el precio a la clausula al decir que  “no era la panacea”, Jorge Hoffman de Ate la siguió, afirmando que “es un elemento más, que tuvo buena prensa pero no empató la inflación”

Molina, de UPCN, ya había hablado antes incluso que el propio gobierno de Perotti: “tenemos la esperanza que haya una política nacional que contemple a los trabajadores, la producción y el empleo; y que Santa Fe esté inserta en esas políticas; por lo tanto, quizá la cláusula gatillo no sea la herramienta de 2020”

Después paritarias no hubo, políticas que contemplen a los trabajadores tampoco.  Fue entonces que con el silencio sindical, se otorgaron unos bonos de sumas escalonadas a partir de junio y después,  en diciembre, un pequeño aumento de 6 % sazonado con algunas sumas fijas en gris tirando a negro.

El diario El Litoral del 8/1/21, citaba a fuentes del gobierno para afirmar que “con este acuerdo, los salarios de los trabajadores estatales aumentaron entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020 más del 35%, llegando en algunos agentes al 40%, en todos los casos por encima de la inflación del año pasado.”.  Sería bueno si fuese verdad.

Pero es mentira.

El impuesto a las pequeñas fortunas

El balance de diez meses sin clausula gatillo aparece con un grave déficit para los trabajadores del estado provincial.  Es cierto que ese déficit se disimula en la complejidad de la forma que tomaron los aumentos (un bono fijo por acá, un porcentaje por allá) pero un par de cuentas alcanza para ver que ni siquiera alcanzaron a la inflación.

Para comparar con lo que hubiera sido la continuidad en la aplicación de la cláusula gatillo, hay que comparar no con la inflación anual, sino con la que hubo de enero a octubre, porque el gatillo se aplicaba con dos meses de retraso.  Esa inflación fue, según el IPEC, del 27.11%.

Si uno compara los sueldos estatales secos (sin ningún adicional)  los aumentos que recayeron en el sueldo de diciembre estuvieron en esos porcentajes, o sea que resultan casi neutros respecto a la gatillo.  Pero ocurre que los sueldos secos casi no existen en la administración pública: los adicionales de todo tipo (títulos, funciones, escalafones especiales) han sido una forma de enfrentar parcialmente la sequía salarial de décadas.  Entonces, cualquiera que no sea un recién llegado, perdió plata.  Y mucha plata.

Si observamos el caso de un administrativo categoría 1, vio aumentar su sueldo entre febrero y diciembre, un 25%, algo más de 2 puntos menos que si hubiera tenido la gatillo.  Subiendo en la escala es progresivamente peor, hasta que un categoría 9 obtuvo un 21.6% y perdió casi seis puntos.

Sin embargo el mayor problema no es esta pérdida de punta a punta sino la pérdida acumulada, o sea la diferencia entre lo que habría cobrado mes a mes durante estos diez meses (incluidos aguinaldos proporcionales) porque el aumento surgido de la clausula automática se habría pagado mes por mes y acá hubo que esperar diez meses para ni siquiera recuperar lo perdido por la inflación. 

Y esa pérdida acumulada no es poca cosa.  Un administrativo con un par de años de antigüedad, dejó de percibir en esos diez meses sin gatillo un 4,64% de su dinero y un director general un 7,10%.

Fue así, entonces, que las “pequeñas fortunas” de los trabajadores tuvieron su impuesto, y este sí que se cobró sin tanta ceremonia parlamentaria.  Y sin tanta espera. 

Porque el impuesto a las grandes fortunas (de entre el 2 y el 3,5%) todavía está en veremos, pero cualquier trabajador de una categoría y de una antigüedad intermedia del estado santafesino, tuvo que pagar – sin chistar – un 6% de lo que hubiera cobrado, o sea el doble o más que los millonarios.

(Estaba por agregar a pie de página una nota poniendo a disposición de los dirigentes sindicales de UPCN, ATE y AMSAFE, las hojas de cálculo en las que basé este informe, pero presumo que ya conocen estos datos.  ¿O me equivoco?)